Ley general del equilibrio ecologico y protección ambiental.
Esta ley es orden público e interés social y tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable y además:
I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su
desarrollo, salud y bienestar;
II.- Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación;
III.- La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente;
IV.- La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas;
V.- El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas;
VI.- La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo;
VII.- Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente;
Su antecedente más cercano es la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación de 1971
La Ley Federal de Protección al Ambiente de 1982;
En el año de 1988 durante el mandato del Licenciado Miguel De la Madrid Hurtado, se decreta la primera ley marco con pretensiones de ordenar el ambiente
En el año 1996 sufre una trascendental reforma.
La LGEEPA sufrió una modificación trascendental en el año de 1996, publicada el 13 de diciembre. En virtud de ello es necesario analizar la exposición de motivos con la finalidad de conocer cuales son los objetivos y metas que se pretender alcanzar con estas reformas.
Las reformas, adiciones y derogaciones que se hicieron fueron producto de las consideraciones, recomendaciones e inquietudes que fueron propuestas por los diversos sectores de la sociedad durante la Consulta Nacional sobre Legislación Ambiental, convocada en el año de 1995 por la comisión de ecología y medio ambiente de las cámaras de diputados y senadores.
I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su
desarrollo, salud y bienestar;
II.- Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación;
III.- La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente;
IV.- La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas;
V.- El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas;
VI.- La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo;
VII.- Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente;
Su antecedente más cercano es la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación de 1971
La Ley Federal de Protección al Ambiente de 1982;
En el año de 1988 durante el mandato del Licenciado Miguel De la Madrid Hurtado, se decreta la primera ley marco con pretensiones de ordenar el ambiente
En el año 1996 sufre una trascendental reforma.
La LGEEPA sufrió una modificación trascendental en el año de 1996, publicada el 13 de diciembre. En virtud de ello es necesario analizar la exposición de motivos con la finalidad de conocer cuales son los objetivos y metas que se pretender alcanzar con estas reformas.
Las reformas, adiciones y derogaciones que se hicieron fueron producto de las consideraciones, recomendaciones e inquietudes que fueron propuestas por los diversos sectores de la sociedad durante la Consulta Nacional sobre Legislación Ambiental, convocada en el año de 1995 por la comisión de ecología y medio ambiente de las cámaras de diputados y senadores.
El Senado aprobó la creación de un registro nacional de dueños de teléfonos móviles
Con el voto unánime de 88 legisladores, el pleno del Senado aprobó la creación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, a fin de evitar la extorsión con celulares, pues ahora se exigirá huella dactilar, domicilio y teléfono a quien compre un aparato telefónico móvil.
Para evitar el uso incorrecto de esta información, se establece con claridad que, salvo las empresas telefónicas que deberán construir este registro, sólo el Procurador General de la República y los procuradores estatales tendrán acceso a ella, únicamente cuando así lo requiera alguna investigación policiaca.
La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, propuesta por el priista Mario López Valdez y construida con aportaciones de Rodolfo Dorador, Ludivina Menchaca, Tomás Torres y Pablo Gómez, así como con una corrección de la Cámara de Diputados, salió de inmediato al Ejecutivo Federal para su pronta promulgación en el Diario Oficial de la Federación.
Con estas nuevas disposiciones se establecen, en el caso de los servicios de telecomunicaciones, “acciones coordinadas con la autoridad correspondiente, que permitan combatir los delitos de extorsión, amenazas, el secuestro en cualquiera de sus modalidades o algún delito grave o relacionado con la delincuencia organizada, así como las medidas necesarias para llevar un registro pormenorizado y preciso sobre los usuarios de teléfonos móviles, así como los nuevos cuentahabientes de este servicio, con la debida protección de datos”.
A partir de la entrada en vigor de tal ley, que será a los 60 días de su publicación en el Diario Oficial, los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán abstenerse de establecer barreras contractuales técnicas o de cualquier naturaleza a la conexión de cableados ubicados dentro del domicilio de un usuario con otros concesionarios de redes públicas.
Actuar sobre bases no discriminatorias al proporcionar información de carácter comercial, respecto de sus suscriptores, a filiales, subsidiarias o terceros; llevar un registro y control separado de sus usuarios, tanto en la modalidad de líneas contratadas en plan tarifario, como en líneas de prepago.
La información a contener será número y modalidad de la línea telefónica; nombre completo, domicilio, nacionalidad, número correspondiente y demás datos contenidos en identificación oficial vigente con fotografía, así como
El Senado aprobó la creación de un registro nacional de dueños de teléfonos móviles
Con el voto unánime de 88 legisladores, el pleno del Senado aprobó la creación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, a fin de evitar la extorsión con celulares, pues ahora se exigirá huella dactilar, domicilio y teléfono a quien compre un aparato telefónico móvil.
Para evitar el uso incorrecto de esta información, se establece con claridad que, salvo las empresas telefónicas que deberán construir este registro, sólo el Procurador General de la República y los procuradores estatales tendrán acceso a ella, únicamente cuando así lo requiera alguna investigación policiaca.
La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, propuesta por el priista Mario López Valdez y construida con aportaciones de Rodolfo Dorador, Ludivina Menchaca, Tomás Torres y Pablo Gómez, así como con una corrección de la Cámara de Diputados, salió de inmediato al Ejecutivo Federal para su pronta promulgación en el Diario Oficial de la Federación.
Con estas nuevas disposiciones se establecen, en el caso de los servicios de telecomunicaciones, “acciones coordinadas con la autoridad correspondiente, que permitan combatir los delitos de extorsión, amenazas, el secuestro en cualquiera de sus modalidades o algún delito grave o relacionado con la delincuencia organizada, así como las medidas necesarias para llevar un registro pormenorizado y preciso sobre los usuarios de teléfonos móviles, así como los nuevos cuentahabientes de este servicio, con la debida protección de datos”.
A partir de la entrada en vigor de tal ley, que será a los 60 días de su publicación en el Diario Oficial, los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán abstenerse de establecer barreras contractuales técnicas o de cualquier naturaleza a la conexión de cableados ubicados dentro del domicilio de un usuario con otros concesionarios de redes públicas.
Actuar sobre bases no discriminatorias al proporcionar información de carácter comercial, respecto de sus suscriptores, a filiales, subsidiarias o terceros; llevar un registro y control separado de sus usuarios, tanto en la modalidad de líneas contratadas en plan tarifario, como en líneas de prepago.
La información a contener será número y modalidad de la línea telefónica; nombre completo, domicilio, nacionalidad, número correspondiente y demás datos contenidos en identificación oficial vigente con fotografía, así como comprobante de domicilio actualizado y toma de impresión de huella dactilar directamente en tinta o electrónicamente.
